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Las obras de sustentación de la ladera de la variante de Pajares necesitan 30 millones.
Los impagos de Fomento a las constructoras amenazan con frenar la variante de Pajares

Los impagos de Fomento a las constructoras amenazan con frenar la variante de Pajares

Adeuda desde enero más de 600 millones al sector por todas las obras de alta velocidad. Solo el tajo asturiano necesita 300 para acabar en 2015

Ramón Muñiz

Jueves, 31 de julio 2014, 00:20

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Las tensiones entre el Ministerio de Hacienda y el de Fomento han terminado por sublevar a las grandes constructoras del país. El departamento que lidera Cristóbal Montoro lleva meses restringiendo el crédito al de Ana Pastor. El resultado es que las empresas que trabajan en las líneas de alta velocidad acumulan más de 600 millones en certificaciones de obra pendientes de liquidación, una situación ante la que varias de ellas han optado por poner pie en pared.

«A finales de este mes, tendremos que comunicar el preaviso de paralización de los trabajos por impago. No podemos seguir financiando a nuestro cliente». Así se expresaba el directivo de una de las empresas afectadas ayer por en el rotativo 'Expansión'. Las fuentes consultadas en el sector confirman la acumulación de certificaciones pendientes de liquidar por parte del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif): «Los retrasos son habituales en todo la Administración, pero este año parece que la cosa se les está descontrolando». La urgencia de desatascar la tesorería de la sociedad del Grupo Fomento «es algo de lo que se viene hablando desde hace meses», confirman fuentes no oficiales de la empresa pública.

A lo largo del día la propia sociedad reconoció públicamente el retraso en el abono de las certificaciones y anunció que en los próximos días alcanzará una solución. Según detalló a la agencia Efe, su expectativa es liquidar todo lo certificado hasta el 30 de mayo durante la próxima quincena.

A la espera de que el conflicto se reconduzca, lo cierto es que el pulso amenaza con afectar al ritmo de obra de la variante de Pajares. La ejecución de la infraestructura depende en buena medida de las grandes constructoras del país. Acciona y FCC por ejemplo trabajan en la impermeabilización de la vertiente asturiana de los macrotúneles, mientras Constructora San José hace lo propio en la leonesa.

Obras y licitaciones

En estos momentos los trabajos se centran en la sustentación de la ladera de Campomanes, misión encomendada a Acciona mediante un contrato complementario que se aprobó este año en 30 millones. En el interior de los macrotúneles, los trabajos de impermeabilización avanzan gracias a un modificado cuya cuantía depende del resultado del método constructivo aplicado, que es toda una innovación. La mezcla de materiales con la que se está robusteciendo la corona exterior de dovelas fue ensayada previamente en el Instituto Eduardo Torroja, perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

La entrada de agua en los túneles y los deslizamientos de la ladera suponen los puntos críticos de la infraestructura. En los últimos doce meses, y mientras los ingenieros maduraban las soluciones a aplicar, el Adif fue licitando un total de once contratos más, que tuvieron un precio inicial de 303,9 millones.

El PP asturiano, por boca de su diputado nacional Ovidio Sánchez, aseguró el pasado 24 de junio en el Congreso que «hay un compromiso de que a finales de 2014 y mediados de 2015 se inaugura ya uno de los túneles» de la variante.

¿Dispone el Adif de los más de 300 millones que cuesta cumplir semejante compromiso? Aunque la sociedad pública sea la que protagoniza las mayores inversiones del Grupo Fomento, hay elementos que permiten dudar de que su músculo financiero sea suficiente como para atender en tan breve plazo los once nuevos contratos suscritos además de los relativos a la ladera y la impermeabilización. Por lo pronto, el Presupuesto General del Estado en vigor reservó 308,99 millones para éste y el próximo ejercicio, cantidad muy ajustada si se tiene en cuenta que en los últimos años el ministerio viene ejecutando en Pajares la mitad de lo que consigna.

Demora legalizada

Cuestión distinta es que el Adif se acoja a una excepcionalidad que Hacienda aprobó en septiembre del año pasado. La Ley de Emprendedores incluyó un precepto según el cual «la Administración deberá aprobar las certificaciones de obra» dentro de «los 30 días siguientes a la entrega efectiva de los bienes o prestación del servicio», plazo al que puso una excepción: «Salvo acuerdo expreso en contrario establecido en el contrato y en alguno de los documentos que rijan la licitación». El sector de la construcción está presionando al departamento de Montoro para que corrija un artículo que, como se ha visto, habilita a las administraciones a demorar los pagos.

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