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15.000 casos pendientes de una dimisión

Expedientes de salario social y dependencia serán los más afectados por un relevo que también deja en el aire el blindaje de las ONG

CHELO TUYA

Domingo, 23 de noviembre 2014, 01:48

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Siete días después de las rotundas frases «no soy ninguna corrupta» y «presento mi dimisión» pronunciadas el pasado lunes por Esther Díaz ante la Junta General, la Consejería de Bienestar Social y Vivienda sigue vacante. El Ejecutivo de Javier Fernández mantiene silencio ante las preguntas de EL COMERCIO por el relevo de la consejera. Un relevo forzado tras la portada de este diario del 9 de noviembre. En ella se desvelaba que la dimitida posee casi el 20% de Davelco, la empresa de su marido. Saber que, a través de subcontratas, Davelco ha estado presente en obras tan polémicas como la residencia del Montepío o en la adjudicada por la propia Díaz, el geriátrico de Riaño, trajo consigo el adiós de la socialista.

Su dimisión tiene consecuencias directas en la gestión de un departamento marcado, desde 2007, por los cambios de titular y el atasco en la gestión. Pendiente de la firma de Díaz o de quien la sustituya están casi 15.000 casos, al margen del futuro de leyes tan controvertidas como la de servicios sociales o del salario social.

Los principales afectados del proceso de cambio en Bienestar Social son las personas que esperan, directamente, por un servicio o una prestación. Un área en la que destacan, sobre todo, los dependientes y las personas sin recursos.

El funcionamiento a trompicones de la Ley de la Dependencia -sin casi financiación tras el recorte aplicado en 2012 por el Gobierno de Mariano Rajoy- tiene ahora a 1.991 personas a la espera de que se firme su Plan Individual de Actuación (PIA). Pendientes de que reciban la asistencia a la que, muchos desde hace un año, saben que tienen derecho.

A ellos se suman los 873 expedientes de ayuda a domicilio y los 693 de teleasistencia a los que Bienestar debe revocar las facturas, de hasta 5.000 euros, enviadas en febrero. La sobrecarga en un área afectada por la amenaza de despido de la mitad de los valoradores -al entrar sus plazas en el concurso de traslados- llega al máximo con el enfado de los 6.721 asturianos calificados como dependientes leves. La mayoría pide la revisión de su caso, al no estar de acuerdo con un dictamen que los deja fuera de cualquier ayuda hasta julio de 2015.

Una dimisión que trunca, también, la carrera hacia el final del atasco del salario social. El 31 de octubre eran 4.141 las personas que todavía esperaban para cobrar una paga que llega a quien ingresa menos de 450 euros al mes y de la que ya viven 13.372 familias.

Una renta cuya ley quería modificar la dimitida consejera. Pero su marcha, además del fin de la legislatura en marzo, por las elecciones de 2015, hace casi imposible que llegue a debatirse. Como la reforma de la Ley de Servicios Sociales, auténtico salvavidas para las ONG asturianas, ya que, sin el cambio legal, en 2016 su blindaje para prestar servicios a infancia o discapacidad desaparecerá.

En el suma y sigue de casos pendientes se encuentran las más de 1.400 personas que están en lista de espera para una plaza geriátrica, la convocatoria de nuevo concierto de camas con la privada, los centros en los que residen los 400 menores que tutela el Principado. Todos a la espera de la sustitución de Díaz. La séptima en Bienestar Social desde 2007.

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