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CHELO TUYA
Domingo, 29 de noviembre 2015, 01:10
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No tiene edad para votar. Tampoco para beber alcohol o fumar. O para abrir una cuenta bancaria. Incluso debe pedir autorización a sus progenitores si quiere hacerse un tatuaje o ponerse un piercing. Pero ya sabe lo que es vivir con protección policial. Porque está en 'riesgo medio' de sufrir una agresión machista. Un exnovio o, a pesar de su corta edad, un exmarido amenaza con matarla.
Cifra de menores españolas con protección policial tras sufrir violencia machista. Dos, de Valencia y Navarra, están en 'riesgo alto'.
Cifra de menores asturianas que han tenido protección policial. 14 casos siguen activos 10, sin riesgo; 3, riesgo bajo, y una de nivel medio.
Cifra de asturianas de entre 14 y 19 años atendidas a lo largo de 2014 en la red sanitaria pública tras ser víctimas de malos tratos.
Ese es el día a día de una menor asturiana. Tiene entre 14 y 17 años y es una de las 34 que, en ese mismo arco de edad, han estado este año incluidas en el Sistema Integral contra la Violencia de Género. Es decir, en el Sistema VioGen, que controla el Ministerio del Interior y pone un foco especial sobre las víctimas potenciales de feminicidios. En toda España, tiene controladas a 1.440 menores.
De las 34 víctimas asturianas, a 31 de octubre quedaban aún 14 catorce consideradas 'casos activos'. Según la estadística oficial, diez de ellas están consideradas 'sin riesgo apreciado'; tres son calificadas 'de riesgo bajo', y una de ellas 'medio'. En todo el país, solo dos menores se encuentran en 'riesgo extremo'. Nacidas en Navarra y Valencia, las jóvenes están en la misma circunstancia que otra asturiana, aunque esta de entre 45 y 64 años: la Policía tiene claro que un ex quiere atentar contra su vida. Pero no puede detenerle «porque la ley no lo permite. Es demasiado garantista».
Asílo asegura Mariti Pereira, directora del Centro de Atención a Víctimas de Agresión Sexual y Maltrato (Cavasym), quien coincide con la portavoz de Abogadas para la Igualdad, Victoria Carbajal, en la idea de que «matar a una mujer sale muy barato: con confesar ya te dan el atenuante». Pereira abunda en su idea del exceso de garantías que la ley ofrece «al maltratador». Asegura que con otras leyes, como la de terrorismo, «la prevención es fundamental. Sin embargo, en la Ley Integral contra la Violencia de Género, lo de la prevención se interpreta solo como formación en los colegios. Eso es importante para evitar nuevas víctimas, pero ¿qué prevención hay para las mujeres que están amenazadas? Ninguna».
Un policía para cien casos
Otra experta, la presidenta de la Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas de Asturias, Ana Isabel Ruiz, remacha la idea: «Al final, es la víctima la que tiene que limitar su vida y, además, por mucha protección que tengas, el policía no está en la puerta de tu casa. En algunos casos, un agente tiene a su cargo la vigilancia de cien víctimas».
Las tres especialistas forman parte del Observatorio Asturiano de Violencia, un ente creado en 2013 por el Instituto Asturiano de la Mujer y que cuenta como sus primeros frutos haber quitado el freno que los juzgados asturianos ponían a las órdenes de protección. Después de años de liderar en España por ser los juzgados que más órdenes denegaban, en los primeros seis meses de 2015 la tendencia ha cambiado. Tal y como adelantó EL COMERCIO, en lo que va de año, 220 mujeres maltratadas han logrado de los magistrados una orden de protección, lo que significa que han sido aprobadas el 58% de las solicitudes presentadas. Estos números suponen un incremento del 10% en un año y sitúan a Asturias sobre la media nacional.
Algo que no ocurría desde 2007. Al menos, en clave positiva. En aquel momento las órdenes de protección entraron en caída libre en el Principado. En aquel momento, no llegó al 70% el volumen de peticiones aceptadas, frente al 74% que, de media, se firmaron en el resto del país. Las negativas judiciales fueron en aumento hasta llegar a 2012 cuando, mientras en España se aprobaron el 61% de las peticiones presentadas, en Asturias se rechazaron casi una de cada seis.
«Convocar al Observatorio ya»
Unas cifras que, no obstante, no convencen demasiado a las expertas. Ruiz sigue constatando «dificultades para lograr el visto bueno en casos que se producen en Gijón», mientras que Carbajal cree que «hay que convocar una reunión del Observatorio de Violencia ya. Sigo esperando por la cita que yo creía de urgencia en la primera semana de noviembre, después de la cascada de asesinatos, pero seguimos a la espera».
En una entrevista concedida a este periódico, la directora del Instituto Asturiano de la Mujer, Almudena Cueto, aseguró que la reunión del organismo, la primera desde que en septiembre fue nombrada directora, se celebrará en diciembre.
Una cita en la que, además de analizar los datos ya conocidos: las tres mujeres asesinadas por sus parejas en Asturias en lo que va de año, Felicidad, Isabel y Sonia; las 213 personas que han tenido que ingresar en una casa de la red de acogida para víctimas y las 315 asturianas que necesitan protección policial, las integrantes también examinarán el último informe del registro sanitario de víctimas. Dice el Vimpa que en 2014 fueron 425 las mujeres atendidas en centros de Atención Primaria o en hospitales tras ser agredidas física, sexual o psicológicamente.
De esa cifra destaca que el 25% no habían cumplido los 30 años y que 21 eran menores de 19 años. Fueron acosadas o golpeadas por personas parejas (6) o ex (7), pero también por miembros de su familia, como las dos agredidas por su padre o la que fue víctima de su padrastro. Dice el Vimpa que una precisó atención médica tras ser víctima de su hijo.
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