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Inicio de las obras de derribo de la subestación eléctrica de La Mayacina, en 2014.
Viesgo prosigue la lucha legal por la subestación eléctrica de La Mayacina

Viesgo prosigue la lucha legal por la subestación eléctrica de La Mayacina

La compañía recurre la sentencia que eximía al Ayuntamiento de Mieres de pagar tres millones de euros por el derribo de la instalación

ALEJANDRO FUENTE

Jueves, 19 de enero 2017, 01:30

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La compañía eléctrica Viesgo ha dado un paso más para cobrar la indemnización correspondiente por el desmantelamiento de la subestación de Santa Marina, en el ámbito urbano de La Mayacina. Fuentes de la empresa han asegurado que su departamento legal ha recurrido la sentencia que eximía al Ayuntamiento de Mieres de pagar tres millones de euros por el derribo del equipamiento. «Es un procedimiento habitual de nuestro servicio jurídico en este tipo de procesos», aseguraron. El recurso se presenta contra el fallo del pasado mes de diciembre del juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Oviedo, que había desestimado el recurso de la eléctrica que pedía al Ayuntamiento una indemnización de casi tres millones de euros. Se trata de una reclamación patrimonial que el Consistorio desestimó en su día. La demolición de la instalación se ejecutó en julio de 2014 tras una larga disputa legal con los vecinos de la zona, a pesar de que la compañía construyó el equipamiento, en 2012, con los permisos municipales correspondientes.

El gobierno local mierense (IU) considera que la petición de indemnización millonaria de Viesgo «era absolutamente desproporcionada». La eléctrica pedía que se declarara la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento y exigía una indemnización por la citada cantidad. El Consistorio sostuvo que la reclamación estaba fuera de lugar porque había prescrito, tal y como también señaló el Consejo Consultivo del Principado.

«Retraso deliberado»

El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Oviedo reconoció el «retraso deliberado en la ejecución de la sentencia», ya que solicitó la autorización para el derribo casi un año después de dictarse la sentencia del TSJA. «Los gastos de desmantelamiento ya se habían presupuestado a julio de 2013, por lo que eran perfectamente conocidos y no hay razón justificativa de que se esperase hasta abril de 2015 para reclamar unos y otros».

En el fallo también se afirma que el alcance del daño estaba perfectamente determinado y, si no se había hecho efectivo, fue por haber desoído la entidad recurrente la clara orden de demolición dictada en ejecución de sentencia en marzo de 2013.

La compañía desliga esta actuación legal de sus inversiones en el concejo. De hecho, recientemente anunció un proyecto para la modernización de la subestación de Santa Cruz de 13,5 millones.

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