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FERNANDO DEL BUSTO
Viernes, 28 de noviembre 2014, 01:21
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El Pleno municipal de Avilés aprobó ayer una moción en defensa de la estabilidad de un marco energético y en apoyo a los trabajadores de Alcoa, en una sesión de unos pocos minutos de duración y donde los 21 concejales asistentes estuvieron acompañados por una amplia representación de trabajadores de la factoría avilesina de Alcoa. Muchos de ellos vestían una camiseta amarilla en rechazo al cierre de Alcoa en Avilés.
La alcaldesa de Avilés, Pilar Varela, fue la única en intervenir para explicar que la primera idea era celebrar el debate de esta moción el próximo lunes. «Sin embargo, la urgencia del tema motivó que se adelantase», aseguró. A partir de ahí, la regidora anunció que leería la moción pactada durante la mañana entre los grupos.
Tras ella se votaría, sin intervenciones de los diferentes portavoces «para evitar matices y discrepancias». Tampoco hablarían representantes de la plantilla de Alcoa. A partir de ahí, Pilar Varela leyó una moción en la que se insta al gobierno de España a que «solucione la situación derivada por la fórmula de la subasta eléctrica para la asignación de retribuciones al servicio de la gestión de la demanda de interrumpibilidad».
También se reclama que desde el gobierno se asegure «un marco estable y competitivo» que establezca una tarifa eléctrica que permita a las empresas competir con industrias asentadas en otros territorios. El acuerdo concluye mostrando el apoyo a la factoría de Alcoa y la disposición municipal para «mediar en la búsqueda de una solución».
La moción comienza recordando cómo el proceso de «modernización de nuestra industria» realizado desde los años 90 del pasado siglo «nos dota de nuevas fortalezas ante el futuro y nos distingue de la mayoría de las grandes ciudades de nuestro país». El texto recuerda el esfuerzo realizado para «integrar la industria tradicional en un nuevo modelo de ciudad más sostenible en términos energéticos y medioambientales; la integración de una política integral de innovación en procesos productivos de nuestra industria y una creciente especialización de la aplicación del conocimiento como valor añadido en el producto final gracias a la labor desarrollada en los centros de investigación de nuestra comarca».
En la declaración, se recuerda la importancia de la industria en la comarca, donde genera «13.000 empleos directos y supone el 30% del Valor Añadido Bruto», de ahí la importancia de «un marco legal y regulador estable que le permita afrontar con seguridad y certidumbre el futuro».
El texto aprobado, y que se remitirá al Ministerio de Industria, recuerda la importancia de las empresas con grandes consumos de energía eléctrica en el tejido económico de la comarca. «Para estas grandes factorías resulta fundamental tener garantizado el acceso a una energía a precios competitivos que garantice su viabilidad y capacidad competitivas de nuestra comarca», afirma.
«Búsqueda de soluciones»
Por ese motivo, el pleno municipal recordó que «desde Avilés siempre hemos sido protagonistas activos en la búsqueda de soluciones que ofrecieran un marco estable y competitivo a la configuración de la tarifa eléctrica de nuestra industria». El primer revés fue la extinción de la tarifa G-4.
La solución vino por un gran acuerdo vigente entre 2009 y 2012 tras un pacto entre las compañías eléctricas, las empresas y los sindicatos garantizando unos precios competitivos para la energía eléctrica.
Agotado ese acuerdo, «el Ayuntamiento de Avilés vivió con una gran preocupación la búsqueda de un nuevo acuerdo que garantizase la estabilidad en términos energéticos a las grandes consumidoras». Ante las dificultades para alcanzar esa solución, el Ayuntamiento de Avilés «se involucró activamente en la búsqueda de una solución rápida y definitiva junto con los sindicatos».
A partir de ahí, se realizaron diferentes acciones políticas a lo largo de 2012 en la ciudad. Ese año concluyó con el gobierno central elaborando un «sistema que no garantiza la estabilidad energética para nuestra industria». En el caso concreto de Alcoa, los resultados de la subasta «generan una grave amenaza sobre su viabilidad económica y financiera» recuerda la moción.
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