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Las empresas de la central, el hilo que llevó a los agentes hasta Justo Rodríguez Braga

R. M.

Miércoles, 18 de enero 2017, 03:13

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Localmur, Infastur y el Instituto para la Formación y Estudios Sociales (IFES) son las tres sociedades abiertas por UGT Asturias para gestionar sus cursos de formación y a las que los agentes de la Guardia Civil dirigieron desde el primer momento sus pesquisas. La denuncia presentada por el Ministerio Público a finales de 2015 apuntaba ya «indiciariamente» a que el IFES incurría en aparentes sobrecostes a la hora de justificar los gastos de los cursos. Para ello, supuestamente presentaba facturas infladas y que le giraban las otras dos mercantiles en concepto de alquiler de los locales.

Por estos hechos han sido imputados (figura jurídica hoy sustituida por la de 'investigados') María Jesús Ocaña (administradora única de Localmur), Mónica Menéndez (exsecretaria de administración de UGT y responsable de Infastur) y Andrés de Dios (por parte de IFES). Con la asistencia de sus letrados, han asegurado en sede judicial que en realidad los arrendamientos se cobraban «a precio de mercado». La fundación presentó además cuatro sobres de facturas que, según sus representantes, «demuestran» que no hubo un fraude inicialmente estimado en cantidades cercanas al medio millón de euros. La versión de las defensas es que ese dinero, que el fiscal interpretó como costes ficticios, en realidad respondía a la diferencia entre la renta de los locales vacíos y el posterior alquiler de las salas, pero ya equipadas con todos los elementos para dar las clases.

Oficialmente, UGT ha respondido a las sospechas sin aparentes fisuras. El propio Justo Rodríguez Braga transmitió «plena tranquilidad» a los secretarios generales, recordando que «todo está aprobado por la administración». Esa línea de defensa empezó a debilitarse cuando el Principado anunció en febrero de 2016 que se personaría en la causa sobre el supuesto fraude de subvenciones, y comunicó que había revocado una ayuda de 347.207 euros a la que la central tenía derecho. UGT defendió esa percepción en los tribunales y ganó el pleito, anunciando una denuncia contra el Principado por daños y perjuicios. Mientras la pugna seguía abierta, y antes de dejar el puesto, la ejecutiva de Rodríguez Braga se encargó de cerrar o dejar sin actividad a parte de las sociedades de la central.

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