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Olaya Suárez
Jueves, 29 de enero 2015, 04:06
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Fernando Losada, concejal del Partido Popular en los años 90 y asesor externo del Sporting hasta esta misma semana, está acusado de un delito de estafa empresarial. El fiscal solicita para él una condena de tres años de prisión por, supuestamente, llevarse de forma ilegal la clientela de una empresa de la competencia, dedicada al mantenimiento de ascensores. Para el gerente de la empresa, compañero de Losada, el ministerio público solicita cinco años y medio de cárcel por un delito contra el mercado. El juicio se celebrará en la Sección Octava de la Audiencia Provincial en febrero.
«Hace cuatro años puse en marcha una empresa de instalación y mantenimiento de ascensores que no ha dejado de crecer. Tal y como establece la ley que regula este tipo de empresas, en ese momento tuve que contratar a personas con experiencia de al menos dos años en el sector de los ascensores. Este juicio que sale ahora es un intento de despojar a la empresa de su actividad empresarial y eliminar a un agente de la competencia, la prueba es que el propio empresario que denuncia a estos extrabajadores suyos nos hizo recientemente una oferta para comprarnos la compañía y no llegamos a un acuerdo», explica Fernando Losada, quien lleva cuatro años esperando a que se celebre la vista oral para poder demostrar su inocencia. «Al final esto demuestra que nos ha presentado una denuncia con el objetivo de eliminarnos como competencia. Estoy seguro de que tras este juicio todo quedará aclarado y seguiremos trabajando con la misma normalidad y la misma seriedad que hasta ahora», dice.
El administrador -Fernando Losada- y el gerente no son los dos únicos procesados. Otros dos empleados que también pasaron de una empresa a otra se enfrentan a una condena cada uno de ellos de dos años de prisión por un delito de apropiación indebida. Se los considera culpables de haberse apoderado de 100 juegos de llaves de otros tantos portales de edificios en los que llevaban el mantenimiento de los ascensores. La acusación pública solicita que, además de la pena de cárcel, indemnicen a la empresa con 8.056 euros, en concepto del material de mantenimiento del que supuestamente se apoderaron.
Los hechos denunciados ocurrieron en 2011 y el procedimiento fue investigado en el juzgado de Instrucción 4.
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