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Los menores de 25 años, un objetivo de la renta social

La Coruña puso en marcha este año una medida similar a la que se pide para Gijón

I. VILLAR

Viernes, 9 de diciembre 2016, 01:06

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Xixón Sí Puede e IU pretenden que la nueva renta social municipal -que por razones de seguridad jurídica piden rebautizar como 'plan de emergencia social-renta social'- llegue entre otros destinatarios a las personas que, pese a carecer de recursos, «están excluidas» del salario social básico que concede el Principado. Ponen como ejemplo a los asturianos mayores de edad pero menores de 25 años, a quienes la administración regional exige una serie de requisitos adicionales para poder optar a esa prestación. En concreto, dentro de esa franja de edad el Principado solo admite en su programa a quienes se encuentren en una situación de orfandad absoluta, acrediten una discapacidad igual o superior al 45%, tengan menores o personas dependientes a su cargo, mantengan una relación matrimonial o análoga -pareja de hecho-, sean víctimas de violencia de género o doméstica o hayan finalizado su estancia en instituciones tutelares de menores, en centros específicos para menores infractores o en instituciones penitenciarias.

No serían, sin embargo, los únicos destinatarios de la renta social, que se marca como objetivo que ninguna familia de Gijón tenga unos ingresos mensuales inferiores al IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), esto es, 532 euros. Ese límite mínimo se revisaría al alza en función de los miembros de cada unidad familiar o de convivencia, si bien deberá ser el gobierno, si acepta la propuesta, el que «hile hasta la última coma» sobre cómo debe articularse la ayuda.

Uno de los modelos que pueden servir de inspiración a Gijón es la renta social municipal puesta en marcha este mismo año por el Ayuntamiento de La Coruña. La ciudad gallega concede un pago de hasta 532,51 euros al mes a personas sin cargas familiares, que llega a 745,51 euros en el caso de familias de tres miembros y un máximo de 1.065 para las de seis miembros o más. La ayuda final para cada beneficiario se calcula descontando de estas cantidades cualquier otro ingreso o prestación de menor cuantía que reciban los miembros de la unidad familiar, siempre con el objetivo de que la unidad pueda disponer de una renta equivalente al 100% del IPREM. La ayuda se concede por un plazo de seis meses, pudiendo prorrogarse hasta 18.

En la ayuda propuesta para Gijón, no obstante, existen diferencias con respecto a La Coruña. La primera, que en Galicia no existe un salario social con las mismas características que el de Asturias, solo equiparable al de Navarra. La segunda, que sus perceptores deben comprometerse a participar en un «itinerario de inclusión activa», mientras que Xixón Sí Puede plantea concederla «sin contraprestaciones, porque el derecho a comer o a mantener una vivienda no puede estar condicionado a nada».

Ir a la raíz del problema

El modo en que se deben abordar las situaciones de exclusión social es, precisamente, lo que ha abierto una brecha entre las dos formaciones de izquierdas que promueven la renta social y el PSOE. Los socialistas mantienen que un plan basado únicamente en ayudas económicas a las personas con menos recursos no basta para solucionar su situación, sino que hacen falta otras medidas. «Debemos ir a la raíz del problema. Hay gente que ya recibe una renta a través del salario social y eso no les saca de la exclusión», apuntó ayer el concejal José Ramón García, quien recordó en cualquier caso que «si hace unos meses Unidos Podemos hubiera apoyado la investidura de Pedro Sánchez en Madrid, el PSOE habría podido poner en marcha desde el Gobierno un plan que garantizaba un ingreso mínimo vital y eso liberaría además al Principado, que tendría 100 millones de euros para otras políticas sociales».

García sí se mostró partidario de los itinerarios personalizados de inserción «cuyo problema no es que no funcionen, sino que carecen de recursos suficientes» y de otras medidas como la mediación en la calle en lugares como el parque de Teodoro Cuesta. «Hay gente que tiene problemas sociales que van más allá de pagar o no las facturas. Situaciones crónicas que no solucionas con una renta. Con su propuesta no sé si Xixón Sí Puede e IU quieren cambiar de verdad esta realidad o lo que buscan es una excusa para dar de paso el presupuesto y seguir sosteniendo a Moriyón en la Alcaldía».

«Inventarse una necesidad»

Desde el PP, el concejal Pablo González considera que la renta social no tendría encaje legal «por mucho que le cambien el nombre» y acusa a los grupos que la impulsan de «inventarse una necesidad que no existe». José Carlos Fernández Sarasola, de Ciudadanos, advierte a Foro de que si cede a las exigencias de la izquierda «quizás consiga el voto en contra de los demás». En este sentido, consideró que «a veces es preferible una prórroga a un mal presupuesto».

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