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Carmen Moriyón, durante su entrevista en el programa 'La Lupa' de Canal 10.
Moriyón cifra en 21.500 los hogares que ingresan menos de 12.000 euros al año

Moriyón cifra en 21.500 los hogares que ingresan menos de 12.000 euros al año

Asegura que la renta social «es un proyecto serio» y que con ella «ni damos saltos en el vacío ni jugamos con el dinero de la gente»

Iván Villar

Viernes, 20 de enero 2017, 00:59

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21.500 hogares gijoneses ingresan menos de 12.000 euros al año, lo que, teniendo en cuenta el tamaño medio de las familias, se traduce en aproximadamente 48.500 personas. Son los estimaciones que hace el Ayuntamiento como extrapolación de la encuesta sobre condiciones de vida del Instituto Nacional de Estadística, previo cruce de datos con el padrón municipal, la encuesta de población activa y la percepción de pensiones en el municipio. En 5.277 de esos hogares hay un miembro que recibe el salario social básico del Principado. Y otros 1.777 son pensionistas. Estos datos forman parte de los trabajos realizados de cara a la articulación de la nueva renta social municipal, según explicó ayer la alcaldesa, Carmen Moriyón, durante una entrevista en el programa 'La Lupa' de Canal 10. «Este es un proyecto serio y riguroso. Hemos hecho cálculos para saber cuántas son las personas más necesitadas y ver qué podemos ofrecerles con el dinero que tenemos». Si bien no todos los hogares incluidos en esa cifra tendrán derecho a la nueva ayuda -una persona que viva sola sólo lo tendría si sus ingresos fueran inferiores a 532 euros al mes-, sí lo harán gran parte de ellos.

La regidora recordó que el proyecto que presentarán el lunes a los grupos municipales contempla dos líneas diferentes de actuación. Por un lado, los perceptores del salario social básico o de otras prestaciones procedentes de las administraciones públicas, como pensiones, a quienes se ofrecerán ayudas finalistas que les permitan completar esos ingresos. «Imagine que una familia tiene un hijo discapacitado y tiene que cambiar la bañera por un plato de ducha. Sería una reparación que le supondría un gasto extraordinario con el que podríamos ayudarles. Y si no, seguro que necesita una ayuda para pagar la luz o el alquiler, para una prótesis dental o para unas gafas nuevas», puso como ejemplo. En estos casos se ha optado por esta solución de las aportaciones finalistas «para no poner en riesgo lo que les llega de otras administraciones. No podría ser que por darle a una familia 150 euros perdiera la prestación que está recibiendo».

El segundo eje de trabajo serían las personas que no cobran otras prestaciones públicas pero carecen de ingresos suficientes. Por ejemplo, trabajadores con sueldos bajos. Según el baremo con el que trabaja el gobierno, en el caso de una pareja con un hijo se considerarían como tal unos ingresos inferiores a los 831 euros. Tendrían derecho a una ayuda mensual que, en función del número de miembros de la unidad de convivencia, podría alcanzar entre 89 y 250 euros.

Moriyón quiso lanzar varios mensajes de tranquilidad en torno a esta nueva prestación. Primero, para la sociedad en general. «Este equipo de gobierno no va a dar un salto en el vacío ni va a jugar con el dinero de los gijoneses o con las expectativas de quienes peor lo están pasando. Que todo el mundo esté convencido de que los ocho millones de euros de más que vamos a dedicar en 2017 a la política social no podrían tener un destino mejor». Garantizó además que en la gestión de la renta social municipal «se pondrán mecanismos de control para vigilar mucho que no se caiga en la picaresca y que, por ejemplo, alguien se invente que está conviviendo con otra persona cuando no sea así». Con respecto a los actuales perceptores de ayudas municipales, aseguró que «pueden estar tranquilos porque sus condiciones no van a cambiar, e incluso puede que mejoren».

En cuanto a la tramitación del nuevo programa, destacó que se hará de forma conjunta entre la Fundación Municipal de Servicios Sociales y la Agencia Local de Empleo, con las oficinas de este último organismo, junto al Centro Municipal Integrado de El Coto, como «centro operativo» para quienes no perciben prestaciones de otras administraciones. Para ello se reforzará con 6 o 7 trabajadores, lo que tendrá un coste de 200.000 euros.

La alcaldesa lamentó por otra parte las críticas a sus políticas sociales, calificadas por el PSOE como «asistencialistas», y aseguró que «en este momento nadie en Asturias puede darnos clases sobre este asunto al gobierno municipal de Foro en Gijón. Cuando llegamos al Ayuntamiento estuvimos rescatando a las familias que el Gobierno socialista dejó más de un año a la cola esperando el salario social. Y en 2017 dedicaremos a ayudas sociales 16 millones de euros, que es el doble que hasta ahora».

También se refirió a las recientes palabras del presidente del PP de Gijón, Mariano Marín, en las que la acusaba de «traicionar su ideario». Moriyón lamentó que el líder de los populares «esté bloqueado por sus prejuicios ideológicos» y consideró que «si fuera consciente de la realidad que dejaron estos años de crisis no diría eso».

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