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El informe económico del presupuesto regional pone en cuestión la rebaja de impuestos

El texto, elaborado por el propio Gobierno, señala que «las administraciones no pueden permitirse» reducciones fiscales si se quiere sostener el estado de bienestar

ANDRÉS SUÁREZ

Viernes, 28 de noviembre 2014, 01:19

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El proyecto de presupuestos del Principado para 2015 pactado por PSOE y PP contempla una rebaja de dos puntos en el primer tramo del IRPF, que pasa de un tipo del 12% al 10%, así como una serie de deducciones para escuelas de cero a tres años y compra de libros de texto. Unas medidas que colisionan con el discurso que en materia fiscal han mantenido los socialistas asturianos en los últimos años, contrarios a los retoques tributarios a la baja y críticos con las comunidades autónomas que han optado por esa política. Un argumentario que, de hecho, aparece recogido en el propio documento presupuestario registrado la pasada semana en la Junta General y 'colgado' en la página web oficial del Gobierno regional. En el informe económico-financiero que acompaña al desglose de los números se dice, textualmente, que en el actual contexto de crisis y fuerte caída de los ingresos, «las administraciones públicas no pueden permitirse bajar impuestos si lo que pretenden es mantener el nivel mínimo de gastos para sostener el estado de bienestar, donde las políticas sociales, de educación y sanidad juegan un papel primordial».

La reflexión no es nueva, y, desde luego, tampoco sorprendente. Tanto el partido como el Gobierno regional y el máximo responsable en ambos casos, como secretario general y presidente, Javier Fernández, han defendido en los últimos años que en un escenario de recesión tan acusada, con los ingresos cayendo en picado, bajar los impuestos comprometería la sostenibilidad de los servicios básicos. Lo llamativo es que esta argumentación aparezca reflejada en el mismo documento presupuestario que incorpora una reducción del IRPF.

Lo cierto es que en el actual escenario político y económico, con una prórroga ya a sus espaldas, la amenaza de otra y unas elecciones autonómicas a la vuelta de la esquina, Fernández ha tenido que elegir: o mantener intacto el discurso fiscal de la etapa reciente o ceder ante el PP y alcanzar un acuerdo que le permitiera encarrilar la legislatura en términos presupuestarios y llegar a los comicios sin esa mochila a sus espaldas. Y ha optado por lo segundo, a sabiendas de que políticamente esa rectificación le abría un flanco por el que el otros grupos iban a criticarle con dureza.

Así sucedió en el pleno de la Junta General de la pasada semana, cuando el portavoz de IU, Aurelio Martín, le echó en cara que entrase en la «tómbola» de rebajas de impuestos del PP. También le puso sobre la mesa extractos de discursos de un buen número de dirigentes socialistas, incluido él mismo, oponiéndose a las rebajas fiscales y alertando de la amenaza que estas supondrían para el sostenimiento de la sanidad, la educación y las políticas sociales.

Izquierda Unida, como ya hicieron en su momento otras fuerzas, caso de UPyD, no dudó en calificar de «electoralista» la rebaja del IRPF que se aplicará en Asturias. Un calificativo que, por cierto, también incluye el Gobierno regional en el informe económico-financiero del presupuesto de 2015, aunque en este caso para referirse a la reforma tributaria impulsada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

«Está por ver si esa reforma es todo lo efectiva que se pretende, o si más bien tiene cierto componente electoralista», se argumenta en el texto, que remarca que un sistema tributario eficiente es «pieza fundamental para la recuperación del crecimiento, la generación de empleo, la mejora de la equidad y la aportación de recursos que permitan cerrar la brecha fiscal». El Principado siempre ha sido muy duro con el contenido de la reorganización impositiva impulsada por el Ministerio de Hacienda que pilota Cristóbal Montoro.

En la decisión del Ejecutivo regional de dar un giro en su discurso fiscal también ha influido una circunstancia adicional, además de la necesidad de lograr el aval del PP. Se trata del hecho de que el impacto de la medida sobre las arcas públicas, 34 millones, no se notará hasta 2016, lo que permite confiar en que la recuperación de la economía se consolide y de esa forma se compense la merma recaudatoria.

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