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Mercedes Fernández, Joaquín Aréstegui y Agustín Iglesias Caunedo, en una reunión de la directiva regional del PP celebrada en septiembre de 2013
El PP exige explicaciones a su presidente de Avilés por su implicación en 'Pokemon'

El PP exige explicaciones a su presidente de Avilés por su implicación en 'Pokemon'

«El silencio» de Aréstegui ante las acusaciones que le hace el auto judicial «no es compatible con su cargo en el partido», afirma Mercedes Fernández

O. VILLA

Domingo, 2 de agosto 2015, 00:22

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La juez del juzgado de primera instancia e instrucción número uno de Lugo, Pilar de Lara, que instruye el 'caso Pokemon' dictó el pasado martes un auto en el que considera a la empresa Aquagest, dedicada al tratamiento y abastecimiento de aguas en Asturias y otras nueve comunidades autónomas, «una verdadera asociación ilícita» y, de paso, se inhibió de la causa, remitiendo las actuaciones a la Audiencia Nacional, toda vez que la investigación afecta a una gran cantidad de municipios de las aludidas comunidades y a varias audiencias provinciales.

Tras la emisión de dicho auto el martes, el jueves un equipo de la Agencia Tributaria y varios agentes de Aduanas se presentaron en el domicilio avilesino, en la calle de Rivero, del presidente del Partido Popular en Avilés, el exdiputado regional Joaquín Aréstegui, para efectuar un registro en el que se encontró diversa documentación y dinero que podrían tener que ver con la relación entre Aquagest y Aréstegui que la juez estima que existe. De hecho, Aduanas también recabó del Ayuntamiento de Avilés la documentación correspondiente a los contratos relacionados con los servicios que Aquagest ha prestado para el municipio a través de la empresa mixta Aguas de Avilés, participada por Aquagest, una modalidad, la de utilizar empresas participadas, empleada por esta firma en varios de los casos estudiados por la Justicia.

El auto asegura también que Aréstegui recibió, en relación con dichos contratos, dinero en metálico y otras recompensas, como la rehabilitación de un inmueble de la calle de las Brigadas Internacionales, muebles para su domicilio y el abono de viajes, comidas y otros gastos. Y es aquí donde se encuentra uno de los aspectos más incómodos para el Partido Popular, al margen de suponer un engarce sólido para la investigación. El inmueble de la calle de las Brigadas Internacionales no sólo habría sido arreglado por cuenta del grupo Agbar, del que forma parte Aquagest, a través de la empresa colaboradora CPS, sino que en ella reside ahora en régimen de alquiler Francisco Joaquín Fernández Díaz, antiguo presidente del PP de San Martín del Rey Aurelio, ya imputado en la causa como «conseguidor» y expulsado del partido. Eso sí, aunque el beneficiario sea, según el auto de la jueza, Joaquín Fernández, el contrato de arrendamiento no está a su nombre, sino al de la empresa CPS, «que es la que factura y abona el alquiler de Joaquín Fernández, aunque posiblemente quien finalmente se hace cargo de dicho alquiler es Aquagest».

Siempre según el auto de la jueza de Lugo, la gijonesa Pilar de Lara, existen «indicios de la posible connivencia entre dicho grupo empresarial (Agbar) y diversos representantes municipales» del Ayuntamiento de Avilés, entre los que se cuentan la ahora exconcejal María del Carmen Vega Fernández y su marido, Joaquín Aréstegui. El auto indica que éstos dos «habrían sido beneficiados con la entrega de dinero en metálico y la realización de obras y servicios con posterioridad a la privatización del servicio de aguas y, supuestamente, en contraprestación a la consecución de dichos servicios por parte del grupo Agbar, que habría utilizado en parte para ello a la empresa CPS, colaboradora del grupo».

Es más, para facilitarle más las cosas a Aréstegui, mientras duraron las obras de rehabilitación del inmueble que ahora ocupa Fernández, la trama abonó «una renta a Aréstegui» y, durante más tiempo, le aportó «dinero en efectivo, adquisición de mobiliario para su vivienda, pagos de viajes, comidas y asunción de gastos ordinarios».

El PP reacciona

El registro en casa de Aréstegui del pasado jueves fue, poco a poco, conocido por los dirigentes locales del PP en la comarca de Avilés. Si su llegada a la presidencia local del partido ya vino precedida de una cierta polémica dentro y fuera del municipio, ayer ya había quienes se pronunciaban abiertamente por su renuncia o, en caso contrario, por su destitución, como por ejemplo, el presidente del partido en Castrillón, Jesús Pablo González-Bueno Quiñones.

A la presidenta del PP asturiano el asunto le ha supuesto un duro revés, y ayer se estuvo pensando muy bien su reacción. En parte, porque el auto no sólo apunta a Aréstegui, antiguo peso pesado del partido a nivel regional, sino también al actual líder de la oposición municipal en el Ayuntamiento de Oviedo y alcalde desde la renuncia de Gabino de Lorenzo hasta las pasadas elecciones municipales de mayo, Agustín Iglesias Caunedo, del que el auto de la jueza afirma que viajó en 2009 a Nueva York, Florida y Croacia también con los gastos pagados por el grupo Agbar, que también habría pagado idénticos viajes al exdiputado regional y exconcejal gijonés Manuel Pecharromán y, de nuevo, a Joaquín Fernández.

Ni Fernández, ya expulsado del partido, ni Pecharromán, perdedor en la pugna interna que el PP local mantuvo y en la que se enfrentó directamente a los designios y preferencias de la dirección regional del partido, suponen para Mercedes Fernández más allá de una ligera molestia. De hecho, algunos dirigentes consultados ayer confirmaron que tanto Fernández como Pecharromán «no sólo viajaban así, sino que alardeaban de ello». Pero Caunedo es otra cosa. Pese a haber perdido la Alcaldía para el PP por primera vez en 24 años, Agustín Iglesias Caunedo sigue siendo uno de los colaboradores más próximos de Gabino de Lorenzo, actual delegado del Gobierno en Asturias y uno de los grandes poderes del partido.

Con el partido en uno de los momentos más bajos de su historia en Asturias, a la dirección no le conviene abrir nuevos frentes. Así que en cuanto Agustín Iglesias Caunedo, emitió finalmente ayer un comunicado en el que niega haberse beneficiado de los viajes pagados del grupo Agbar, y afirma haberlos pagado él mismo, Mercedes Fernández dio orden de que se informase de que considera suficientes las explicaciones del exalcalde ovetense. Y, ya con las manos libres, también indicó que ayer mismo se puso en contacto con el avilesino Joaquín Aréstegui para «exigirle cumplidas explicaciones, de forma detallada, de todo» lo que afirma el auto de la jueza Pilar de Lara, porque «el silencio es incompatible con el cargo que ocupa en el partido».

Así las cosas, Joaquín Aréstegui, que hasta ayer se había escudado en el silencio y en que se encuentra de vacaciones ante las llamadas de este periódico, informó de que mañana ofrecerá una rueda de prensa para dar las explicaciones que ahora ya no sólo le podría pedir la Justicia, en cuanto la Audiencia Nacional decida qué hará con la causa que le remite la juez Pilar de Lara, sino que ya le reclama la propia presidenta regional de su partido.

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